El tamaño de la contratación en Bogotá.
Luis Orlando Serrano.
Bogotá, 19 de octubre de 2010.
Temas clave: Ejecución presupuestal por contratación – Presupuestos participativos -Empleo digno – Democratización de la contratación pública – Equidad social – Transparencia y selección objetiva.
Un artículo de la revista Semana (15 – Oct – 2010), cita un informe de la Contraloría Distrital sobre la ejecución presupuestal entre el año 2004 y el 2009, y señala algunos bloques de grandes beneficiarios de la contratación en Bogota en los últimos seis años. La información detallada se presenta así: Familia Solarte: $1,28 billones; Héctor Julio Gómez, familia y socios: $535.656 millones; Grupo Nule: $409.577 millones; Conconcreto: $302.498 millones; Soletanche Bachi Cimas: $302.820 millones; Grupo Nieto García: $269.082 millones; Orlando Fajardo Castillo: $252.500 millones ; Sainc Ingenieros Constructores: $166.108 millones; Sainc Ingenieros Constructores: $166.108 millones; Otras entidades: Compensar: $196.115 – 62 contratos, Cafam: $123.610 (39 contratos), Colsubsidio: $65.949 (23 contratos), Universidad Nacional: $95.806 millones; Universidad Abierta y a Distancia: $43.700 millones, Universidad Distrital: $42.842 millones.
Dice además el articulo de la revista Semana, que estos son “los contratistas del Polo” en Bogotá.
Lo primero que salta de manera protuberante es que de estos grupos económicos, entidades educativas y cajas de compensación, ninguno hace parte del Polo. Tampoco el Polo como partido tuvo nada que ver en esa selección de contratistas, proceso que realiza con carácter exclusivo la Alcaldía de Bogotá. De manera que no es cierto. Estos contratistas no son del Polo, y peor aún, es de dominio público que la mayoría de los mencionados son del círculo uribista, como es el caso de los Nule que con su descalabro propiciaron el retraso de las obras de Transmilenio por la calle 26, entre otras nefastas consecuencias que produjeron sus indelicadas hazañas.
Según el informe de rendición de cuentas de la Alcaldía de Bogotá presentado en marzo de 2010, sobre la ejecución contractual del 2009, se suscribieron en ese año 44.904 contratos por un valor de 6.48 billones de pesos. Si este volumen de recursos de contratación se ejecuta solamente en un año, al explorar en la información sobre la contratación de esos seis años, pueden agregarse hallazgos a los que reseña el informe de la Contraloría Distrital sobre el período 2004 – 2009.
Pero estos datos, además de alimentar la polémica estruendosa que pretende descalificar y desprestigiar al Polo, pueden suscitar algunas reflexiones por demás interesantes sobre el manejo de las políticas públicas y los presupuestos para llevarlas a cabo. Por ejemplo, esos volúmenes de recursos que detentaron grupos económicos privados, entidades educativas y cajas de compensación, bien pudieran democratizarse, hacerse extensivos a otros sectores económicos y sociales, y ofrecer oportunidades de empleo e inclusión social a una cantidad significativa de pequeños empresarios y profesionales de reciente graduación que provengan de estratos 1 al 3, disminuyendo así las cifras de exclusión, desempleo y pobreza, porque se ve a las claras que aquí lo grave es el estímulo que da una administración en representación del Polo, a la desproporcionada y abusiva concentración de la riqueza en manos de unos pocos empresarios de Bogotá, independiente de donde provengan esos grupos privilegiados.
También hay organizaciones comunales y comunitarias que están en capacidad de participar de dicho proceso productivo que involucra esa monumental cuantía de recursos, ejecutados mediante contratación en la capital, como los que describen todos los informes presupuestales del Distrito.
He aquí una suculenta cantera de temas sustanciales en la agenda para la próxima contienda por la Alcaldía y el Concejo en la Capital para aprobar en Bogotá políticas bien orientadas en cuanto a empleo, oportunidades de ingresos y productividad: la democratización de la contratación, la profundización del control social a los recursos públicos, el mejoramiento de indicadores de empleo en calidad y cantidad, el fomento de prácticas de transparencia y selección objetiva, el impulso más eficaz y efectivo al proceso de presupuestos participativos y la puesta en cintura de las bolsas privadas e intermediarias del empleo. Convendría al Distrito Capital que se radiquen los proyectos normativos que impulsen esta agenda y que pongan freno a la excesiva concentración de recursos de la contratación pública en muy pocas manos.
Quizás la más importante transformación social ha de consistir en que ese enorme presupuesto de inversión involucre el mejoramiento de las condiciones y garantías laborales de empleados públicos y especialmente para aquellos contratistas que deben cumplir horario y someterse a jornadas esclavizantes, todo esto disfrazado en los contratos de prestación de servicios, que sirven para desconocer y esquilmar derechos laborales, estimulando así la evasión por parte de las entidades públicas y privadas, de la obligación de pagar a sus empleados las correspondientes cesantías, prestaciones, pensión y salud, lo que deteriora la calidad y la dignidad del empleo.
No deja de ser una paradoja que esto suceda – como en los dos últimos periodos – bajo administraciones que fueron elegidas en representación del partido de la izquierda, cuyo propósito central es precisamente defender los derechos laborales, la inclusión, la equidad social y buscar el bienestar de los sectores sociales vulnerados y excluidos.
Un presupuesto anual de 6 billones de pesos destinado a inversión directa mediante contratación, puede ser un gran baluarte, una cuantiosa contribución para lograr la transformación social y económica, cumplir los propósitos esenciales de la política pública con prioridad social, en cuanto a superar la pobreza, distribuir la riqueza y suministrar empleo digno, con bienestar y calidad de vida para toda la población capitalina.
dialogodesaberes
Dialogodesaberes's Blog 